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jueves, 6 de junio de 2019

Uno de cada cuatro procedimientos de fertilidad ya se realiza con óvulos donados

Son estimaciones de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y, en gran medida, se atribuye a la edad de la mujer, que llega a su primera consulta después de los 38 años. 

“Luego de tres intentos de baja complejidad y un tratamiento de fertilización in vitro con óvulos propios, vi la posibilidad de la ovodonación y la tomé enseguida. No me importaba el parecido, sabía que ser mamá pasaba por otro lado. En ese entonces, todavía no estaba la ley y hacíamos rifas con nuestros amigos y en nuestros trabajos para juntar el dinero para los tratamientos. Finalmente, en el sexto intento, a los 43 años, nació mi hija Felicitas, en enero de 2016. La alegría fue indescriptible”, relató Gisela de Antón, presidenta de la Asociación Civil Concebir. 

Como Gisela, cada vez son más las mujeres que logran un embarazo gracias a la ovodonación. Según estimaciones de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), entre el 25 y el 30 % de los procedimientos de fertilidad asistida en Argentina requiere de la utilización de óvulos donados, lo que representa uno de cada cuatro procedimientos de alta complejidad. “La ovodonación consiste en tomar un óvulo donado por una donante, lo insemino con el esperma del esposo de la paciente o semen de banco, genero el embrión y lo transfiero en el útero receptor”, explicó Stella Lancuba, médica especialista en Salud Reproductiva y presidente de SAMeR. 

“Empezamos con este procedimiento en el ’89, se hacían no más de cien casos al año en el país. Fue creciendo muy lentamente. Después del año 2000 hubo una explosión, cuando se empezó a hablar del tema. Hay mucho tabú y mucho mito”, agregó. También fue cambiando la indicación de este procedimiento.  “En la década del ’90, el mayor porcentaje era en mujeres jóvenes con menopausia prematura. En la actualidad indicación mayor, el 65% de los tratamientos de ovodonación se hacen en mujeres que han fracasado en la fertilización con sus propios óvulos” 

El crecimiento de los procedimientos de ovodonación se debe en parte a que -en promedio- las mujeres concurren a su primera consulta por problemas de fertilidad a los 38 años, cuando la viabilidad de sus propios óvulos ha decaído notablemente. Preocupados por esta situación, desde SAMeR en conjunto con Concebir, en el marco del Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad, hicieron un llamado a aumentar la conciencia sobre el cuidado de la fertilidad y a la importancia de que las mujeres no demoren la consulta, ya que cuanto más jóvenes sean los óvulos, mejores serán las chances de éxito en los tratamientos. 

Otra de las razones detrás del crecimiento de los procedimientos de ovodonación es la Ley Nacional de Fertilización Asistida (n° 26.862), que mejoró el acceso de la población a este tipo de tratamientos.  La ley introdujo una reglamentación que limita la cobertura con óvulos propios hasta los 43 años y 364 días, mientras que cubre los procedimientos con óvulos donados desde los 44 años hasta los 50. La norma también establece que la donación sigue siendo anónima, con el objetivo de resguardar la identidad de la donante, pero eso no significa que no se conozca, ya que figura en las historias clínicas de cada Centro. El día de mañana, cuando el niño sea mayor de edad, si lo desea, tiene derecho a conocer la identidad de su donante. 

“Nosotros desde Concebir aconsejamos que se pueda contar a todos los hijos nacidos la manera que fueron concebidos porque tienen derecho a conocer su origen genético. Forma parte de la construcción de la identidad de los chicos. Es algo muy importante porque también habla de la historia de la familia, de cómo se construyó esa familia. Trabajamos mucho en cómo hablar con los hijos, en qué momento. Acompañamos mucho ese proceso”, sostuvo Mariana Thomas Moro, psicóloga orientada en Reproducción Humana y Fertilización Asistida. 

“Aceptar la ovodonación es un proceso que lleva tiempo, muchas veces deben atravesar un ‘duelo genético’, que -en algunos casos- podría llegar hasta comienzo del embarazo. Nosotras -desde Concebir- les aconsejamos que hagan ese duelo genético antes de iniciar el tratamiento de ovodonación, para poder disfrutar plenamente del embarazo. Sabemos que a partir del nacimiento todo se re-significa, quedando atrás cualquier viejo fantasma. Luego, todas manifiestan el deseo de agradecer a las donantes”, manifestó Gisela de Antón. 

Existen criterios específicos para la selección de las donantes: 
  • deben ser sanas 
  • menores de 35 años 
  • preferentemente de fertilidad comprobada
Las motivaciones son de dos tipos: la económica y la solidaria. La económica existe siempre, ya que se debe recompensar a una joven que deja de trabajar, tiene que viajar, aplicarse inyecciones y someterse a un procedimiento, pero el desafío es buscar que también haya una motivación solidaria. “La Argentina -a nivel nacional- tiene una gran asignatura pendiente, que es la creación de una institución que promueva la donación de gametas y que contribuya a organizar este sistema”, insistió Lancuba.

Fuente: Perfil

lunes, 19 de marzo de 2018

En más de la mitad del país aún hay trabas para acceder al aborto en los casos permitidos

A días del debate de la legalización. Es legal ante una violación o riesgo para la salud de la madre. Pero sólo 10 provincias garantizan la práctica sin restricciones. 

El aborto es legal en Argentina si representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer o si ha sido violada. Es un derecho que tienen las mujeres desde 1921, pero como históricamente no se ha cumplido, en marzo de 2012 la Corte Suprema ratificó el artículo 86 del Código Penal con el fallo “F.A.L.” (iniciales de una niña violada). En ese mismo fallo la Corte exhortaba a las provincias a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura. Buenos Aires, la mayor provincia del país, aún tiene un protocolo que por sus restricciones se aleja de lo dispuesto por la Corte. Tiene la mayor cantidad de mujeres internadas por abortos clandestinos: según las últimas cifras oficiales, 5.959 al año.

Seis años después y a días de que se trate en el Congreso la posibilidad de contar con aborto legal, seguro y gratuito, sólo diez jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Son Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otras seis provincias tienen protocolos con requisitos que dificultan y complican el acceso a servicios de aborto seguro: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta.
Las ocho restantes ni siquiera tienen un protocolo: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Tras el fallo de la Corte, el Ministerio de Salud publicó en 2015 el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE)”, en el que estandarizaba las prácticas y garantizaba el acceso a este derecho: dice que no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en caso de violación, una declaración jurada. También dice que “se debe respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad” y que se sancionarán las demoras en la atención, las informaciones falsas o la negativa a realizar la interrupción del embarazo. El profesional objetor de conciencia debe notificar su voluntad por escrito y derivar a otro profesional que garantice su realización. En caso de emergencia, deberá realizarlo.

El Protocolo del Ministerio también dice que a partir de los 13 años una persona puede decidir por sí misma, y que las menores de 13 años deben tener autorización de madres, padres o representantes legales. Y detalla cómo debe realizarse: con medicamentos (misoprostol combinado con mifepristona o únicamente misoprostol), a través de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el raspado o legrado uterino.

En Argentina los abortos inseguros representan el 18 por ciento de la mortalidad materna, y son la primera causa. Hace poco, consultado por la falta de cumplimiento con la ILE, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aseguró: “Vamos a reforzar los protocolos y su aplicación. Las mujeres tienen el derecho a acceder a a la ILE sin que se judicialice, y tenemos que garantizar que se cumpla ese derecho”.

Según el informe “Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas”, difundido por el propio Ministerio de Salud de la Nación, “frente a la solicitud o expresión concreta de no querer continuar el embarazo es habitual que el equipo de salud presione para que la adolescente lo continúe. Las valoraciones personales de los profesionales redundan en la negación institucionalizada de derechos a las niñas y adolescentes, muchas veces a conciencia de que se empuja a las mujeres al circuito clandestino del aborto inseguro. En la mayoría de los hospitales y centros de salud consultados la ILE es una dimensión institucional inexistente”.

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal frenó esa posibilidad en octubre de 2016. En territorio bonaerense se había armado -en 2012, tras el fallo de Corte- un protocolo más restrictivo que el que elaboró Nación. Por ejemplo, solicita la conformidad de un representante legal para todas las menores de 18 años (cuando en el nacional esto rige hasta los 13). Al asumir como ministra de salud, Zulma Ortíz redactó un nuevo protocolo más amplio y acorte al fallo de la Corte. Se publicó en el Boletín Oficial el 12 de octubre pero a los pocos días, el 25, se anuló. La explicación de la marcha atrás fue que “no le fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la Administración con competencia en la materia, a saber, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y la Asesoría General de Gobierno”.

A los meses Ortíz renunció. Vidal nombró como nuevo ministro a Andrés Scarsi, médico diplomado en Salud Pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Clarín le consultó por qué el Protocolo de ILE en la provincia se aleja del elaborado por el Ministerio de la Nación a partir del fallo de la Corte. "El protocolo que se aplica en la Provincia se desprende de lo que dice el fallo de la Corte Suprema", afirmó. Y agregó: "Desde la Provincia pensamos que cumplimos con el fallo. Puede haber distintas interpretaciones, pero la ILE está garantizada”.

El ministro reconoció que hay dos restricciones que continúan en su distrito: se exige que una menor de 18 años tenga el consentimiento de un mayor para abortar y además, se debe conformar un comité interdisciplinario para decidir sobre cada caso en cuestión. “Por el momento no estamos evaluando cambiar el protocolo”, concluyó.

Fuente: Clarín

lunes, 22 de agosto de 2016

Aborto: una mirada desde la evidencia científica

Según los nuevos datos mundiales la penalización de la práctica no impide que las mujeres aborten.

Ocho de cada 10 embarazos no deseados en los países en desarrollo se producen entre las mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos.Recientemente revista Lancet (una de las más prestigiosas del mundo) publicó una serie de datos (en combinación con la OMS y el Instituto Guttmacher) que estaría muy pero muy bueno que los conozcan, que los analicen y que actúen en consecuencia.

Para arrancar con los ojos bien abiertos empecemos sabiendo que en el mundo uno de cada cuatro embarazos termina en aborto. Esto es algo así como aproximadamente 56 millones al año. Si, 56.000.000 (cuando uno pone mucho ceros se da cuenta del valor enorme que representa). Mucho pero mucho.

De todos esos millones de abortos si los dividimos entre países desarrollados y no desarrollados se observa que en los últimos 25 años en los estados más adinerados y con políticas destinadas sobre todo a la anticoncepción la tasa disminuyó significativamente. En cambio, en los países en vías de desarrollo, o sea lo más pobres y sin políticas destinadas a la disminución de las tasas abortivas, obviamente la tasa se mantuvo constante.

¡Qué bueno que no subió! Podrías decir, pero dado la población creciente esa constante significa un aumento en la cantidad de abortos. Dentro de esos porcentajes tenemos el orgullo latino de ostentar el aumento más alto del mundo de 23% a 32%, mientras que en Asia del Sur y Central (de 17% a 25%), y en África del Sur fue de 17% a 24%.

Si bien nos sorprende, suena bastante lógico que si no se hace nada para prevenir algo, ese algo se va a agrandar. Ponele el nombre que quieras, desidia, pereza, incompetencia, religión, falta de voluntad política, y miles de etcéteras más. Todas esas palabras son sinónimos de mucha gente que muere por intentar tapar el sol con la mano.

Pero lo “mejor” está por venir.

Básicamente el dato más importante es que según los nuevos datos mundiales la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten. Es decir que el número de abortos cada 1.000 mujeres es similar (entre 34 a 37) en los países donde el aborto está absolutamente prohibido y los países donde las leyes permiten abortar. Si, así de simple, que te lo prohíban no cambia nada. Bah si, cambia y mucho.

¿Qué cambia?

La calidad de vida de esas mujeres.

¿Por qué?

Porque se estima que en los países en vías de desarrollo, en donde las leyes de aborto tienden a ser altamente restrictivas, unas 6,9 millones de mujeres recibieron tratamiento por complicaciones de abortos inseguros. O sea, se mueren o la pasan mal por hacer un aborto en condiciones nefastas de salubridad.

En otras palabras asegurarse que las mujeres (y sus parejas) tengan acceso a métodos y estrategias en las cuales se les dé la posibilidad de optar y que, por supuesto, tengan una amplia gama de información disponible es una manera consistente y correcta de mantener políticas adecuadas de salud pública.

¿Y por qué decimos esto?

Fundamentalmente porque se estima que existen 225 millones de mujeres que viven en regiones en desarrollo que tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. Es decir, que quieren evitar un embarazo pero, o bien no están usando anticonceptivos , o están utilizando métodos tradicionales, que pueden tener altas tasas de fracaso.

La otra cara de esta demanda se observa en que la mayoría de las mujeres en situación de aborto llegan a ese estado porque no tenían intención de quedar embarazadas. Y que el 81% de los embarazos no deseados en dichos países en desarrollo se producen entre las mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos. Todo cierra.

Entonces ¿Cuál podría ser una posible solución?

Una opción muy válida y coherente con los resultados científicos sería satisfacer la necesidad insatisfecha de anticoncepción para la reducción de los embarazos no deseados, abortos y nacimientos no planificados.

Que sepan estos datos es mucho. Que entiendan que la ciencia nos acerca a la verdad es mucho más. Que a partir de este conocimiento exijamos políticas basadas en envidencias científicas, es todo.

Más ciencia, más que nunca, es más libertad.

Fuente: Clarín (Dr. Fabricio Ballarini. Investigador CONICET. Laboratorio de Memoria, IBCN, Facultad de Medicina (UBA)

miércoles, 13 de abril de 2016

Preocupa el aumento de los casos de mortalidad materna

La falta de controles en el embarazo y las fallas del sistema, las causas.

En diez años, la cantidad de mujeres que murieron durante el embarazo, el parto o el puerperio aumentó un 23,5% en la provincia de Buenos Aires, donde se registra algo más de un tercio de la mortalidad materna del país. Sólo el año pasado fallecieron 23 mujeres más que en 2014, de acuerdo con los números que presentó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

Esto no hace más que dejar al descubierto graves problemas de un sistema sanitario "diezmado" y con falta de recursos humanos "críticos" para la atención de la salud materna e infantil, según describió la propia titular de la cartera sanitaria, Zulma Ortiz. 

Los datos disponibles, que incluirían un subregistro de hasta el 30% en una estimación conservadora, muestran que el año pasado murieron 123 mujeres. Esto es un 23% por encima de los 100 decesos en 2014 o un 43% más con respecto a 2013. En el período 2006-2015, el aumento es del 23,5 por ciento.

El número más alto fue en 2010: ese año, murieron 128 mujeres, cuando más del 90% de las causas son evitables. 

La reconstrucción de la información epidemiológica indica que cuatro de las 12 regiones sanitarias en las que se divide la provincia concentran más del 80% de la mortalidad no sólo materna, sino también infantil. Eso es el norte, el sur y el oeste del territorio bonaerense.

La falta de controles durante la gestación, que impide detectar enfermedades o potenciales complicaciones, y las deficiencias del sistema de atención, incluida la necesidad de contar con por lo menos 300 neonatólogos, obstetras, obstétricas y enfermeros especializados más en la red de atención perinatal provincial, figuran entre los principales obstáculos por erradicar.

"Cada vez que ocurre una muerte materna (hasta los 42 días después del parto), necesitamos que los centros de salud lo notifiquen antes de las 72 horas e identifiquen todos los factores asociados: desde la falta de la llave de la puerta del recinto donde se almacena la sangre segura y el combustible de la ambulancia hasta la falta de consulta médica ante una situación de alarma y la falta de atención oportuna", indicó Ortiz.

El año pasado, la mayoría de las muertes se debió a una causa obstétrica directa, entre las que se pudieron identificar con precisión aborto (21,3%), hemorragias (20,2%), hipertensión gestacional (15,2%), infección generalizada o sepsis (10,1%).

Empezar de nuevo

Con la implementación de un nuevo sistema de vigilancia de mortalidad materno-infantil para mejorar este registro, en lo que va del año murieron 16 mujeres, que tenían entre 18 y 38 años. En la mayoría de los casos, la muerte ocurrió durante el embarazo (13 mujeres), mientras que dos fallecieron en el puerperio y una, según se pudo determinar después, no se informó dentro de las 72 horas, de acuerdo con el nuevo sistema que rige en la provincia y alcanza a los hospitales públicos, privados y centros de la seguridad social.

"La creación de un sistema de vigilancia, como «Cada vida cuenta», no sólo permite identificar las muertes maternas, sus causas y tomar medidas para evitar nuevas muertes, sino también corregir las dificultades de los sistemas de información, optimizar los registros y determinar la magnitud real del problema", explicó Ortiz.

El sistema contempla el aviso rápido de la muerte a un número telefónico directamente al Ministerio de Salud provincial mediante un mensaje de WhatsApp con la información básica, como el nombre del centro donde ocurrió, la edad de la mujer y el diagnóstico preliminar. Un equipo técnico concurre al centro para analizar la historia clínica y contactar a los profesionales que intervinieron y a la familia de la paciente.

"En nuestro país, es innovador poder tener información tan sensible en tiempo y forma", indicó Ortiz. "También esperamos contar con información más transparente y oportuna para poder intervenir y evitar nuevas muertes. De este modo, también podremos difundir las estadísticas a fin de año y reducir el tiempo que demanda procesar la información de un indicador importante de la calidad de la atención."

La ministra también se refirió a "un sistema de salud diezmado" en la provincia. Señaló la falta de recursos humanos críticos en la atención materno-infantil como el principal problema para poder prevenir las complicaciones fatales.

"Sabemos que de los 760.000 bebes que nacen en el país cada año 290.000 lo hacen en la provincia de Buenos Aires. También sabemos que cada año se producen 3000 muertes infantiles, 60% de las cuales ocurren antes de los 28 días de vida, y que la prematurez es la principal causa -agregó Ortiz-. Pero, lamentablemente, cuando se habla de la mujer no contamos con el mismo nivel de información. Y necesitamos obtenerlo si queremos revertir lo que nos describen los números."

Pero esta deuda con la salud materna supera una década. "Junto con Venezuela y la República Dominicana, la Argentina es uno de los tres países de la región que no alcanzaron el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que consistía en reducir un 75% la mortalidad materna entre 1990 y 2015", dijo ayer la ministra durante una conferencia de prensa. En 2014, en el país murieron 314 mujeres. Alrededor de la tercera parte vivían en territorio bonaerense.

Ocho de cada 10 muertes maternas en el mundo son por causas directas, es decir, por alguna de esas complicaciones. Las dos restantes son por causas indirectas, como una enfermedad previa.

Sólo cuatro de cada 10 países miembros de la OMS, como la Argentina, reportan los datos ciertos y comprobables de mortalidad materna.

"En el país, existen dificultades con los sistemas de información y existe un subregistro de las muertes maternas, cuya magnitud real se desconoce", admitieron ayer desde el Ministerio de Salud provincial. "No pocas son las muertes maternas en mujeres en edad fértil que ingresan a los servicios de salud generales por cuadros graves: un número importante de estas muertes son consecuencia de abortos que no fueron detectados por los equipos de atención. Esas muertes engrosarían el subregistro de muerte materna."

Cuáles son las cifras que se difundieron

123 muertes

Es la cantidad de casos que se registraron en 2015 en la provincia. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por muerte materna "la de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención"

100 Fallecimientos

Fueron los que se registraron en los distintos centros de salud bonaerenses durante 2014

16 mujeres murieron

Son los casos que están incorporados en el sistema en lo que va de este año

Fuente: La Nación

viernes, 17 de julio de 2015

Mar del Plata: reclaman al IOMA que cubra estudio a afiliada embarazada

La joven padece trombofilia, una enfermedad que pone en riesgo a su bebé, y cuyos estudios no son cubiertos por la obra social provincial, pese a un fallo judicial.

Florencia Padovani tiene 34 años y está embarazada de cinco meses. Tuvo que someterse a una serie de estudios por los cuales se confirmó que tiene trombofilia, una enfermedad que pone en riesgo la vida del bebé. IOMA, la obra social estatal bonaerense, no quiso cubrirle los estudios y tampoco le devuelve el dinero abonado, pese a que hay una medida cautelar que obliga a la obra social.

Su lucha con IOMA se inicio en abril de este año cuando presentó un resumen de historia clínica para reclamar por lo estudios y la obra social se los rechazó. Unos días más tarde volvió a presentar otros exámenes que le pedían y recién ahí Ioma accedió a cubrir los dos primeros exámenes médicos que se realizó.

Para poder confirmar que sufre trombofilia, la joven tuvo que realizarse ocho estudios más. Como la obra social no los quiso pagar, tuvo que endeudarse solicitando un préstamo personal en un banco.

Ante esta situación, el 16 de junio Padovani decidió recurrir a un abogado para presentar un amparo contra la obra social. Dos días después, la justicia dictó una medida cautelar por la cual se estableció que IOMA tiene que cubrir el 100 por ciento de los gastos.

La obra social respondió 15 días después de la medida cautelar y se comprometió a devolver el dinero que Florencia tuvo que invertir para abonar los ocho estudios. Sin embargo, pasó casi un mes y la plata no aparece.

"La actitud de IOMA es totalmente ambigua porque me está dando la medicación para el tratamiento pero no me devuelve el dinero que pagué para confirmar que tengo la enfermedad", remarcó Padovani.     

Fuente: Mirada Profesional 

miércoles, 24 de junio de 2015

Crítica de la Iglesia al nuevo protocolo del aborto no punible

Comunicado de la Conferencia Episcopal. El Ministerio de Salud había actualizado la semana pasada la guía para lograr su aplicación en todo el país. 

Marcha. El aborto no punible cuenta con el aval de un fallo de 2012 de la Corte Suprema. Luciano ThiebergerEl Ministerio de Salud de la Nación actualizó el protocolo de atención de los abortos que son legales, en el que se especifica que es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas. Es que si bien ya existe una guía similar, lo concreto es que no se aplica. De hecho hay un fallo de la Corte Suprema de 2012 que exige su cumplimiento, pero pasaron tres años y sólo ocho de las 25 jurisdicciones del país lo hacen. Ayer, la Iglesia cuestionó duramente el nuevo protocolo.

El texto habla del “derecho” a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una manera más amable de referirse al “aborto no punible”. Y se refiere a las mujeres y a las personas trans. “Toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa”, cuando el embarazo representa un peligro para su salud y su vida o si proviene de una violación.

“Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto”, dice el mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside el arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo.

El protocolo plantea que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”. Y este es otro de los puntos cuestionados por la Iglesia: “En cuanto a la objeción de conciencia individual, el Protocolo la niega en la práctica cuando obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida”.

Pero el nuevo protocolo da razones médicas: “La interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. En los países donde el aborto está permitido por ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0 muertes por cada 100 mil abortos”.

En Argentina hay 500 mil abortos clandestinos por año, que terminan con 80.000 internaciones derivadas de las malas prácticas y 100 mujeres muertas. El nuevo protocolo busca mejorar la situación, pero sorpresivamente Adriana Álvarez, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual, debió dejar su puesto esta semana, aunque seguirá en el ministerio. Está claro que es un tema espinoso. En marzo, al asumir como ministro de Salud, Daniel Gollan dijo que propiciaría un “debate maduro” sobre el aborto, pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió rápidamente al cruce y subrayó que no estaba “en la agenda tratar el tema”.

Fuente: Clarín

jueves, 4 de junio de 2015

El Sistema de Control de Cárceles hizo reclamos por la salud de las mujeres privadas de su libertad

Fue durante un monitoreo en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. El organismo, que preside el juez Gustavo M. Hornos, realizó observaciones vinculadas principalmente a la atención médica con especial consideración de la cuestión de género.

En el marco de los monitoreos carcelarios que sorpresivamente viene realizando el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, se visitó el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza.

Se trata del ex Instituto Correccional de Mujeres -Unidad 3-, el primer establecimiento del Servicio Penitenciario Federal destinado específicamente al alojamiento de mujeres. Consta de seis módulos de alojamiento independientes. En el módulo VI se encuentra el anexo psiquiátrico para mujeres en donde funciona el Programa de Tratamiento Interdisciplinario, Individualizado e Integral (PROTIN).

El Sistema estuvo representado en la ocasión por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos; el titular de la Procuvin, Abel D. Córdoba; el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación Ricardo Richiello; las integrantes del Equipo de Género de la Procuración Penitenciaria de la Nación Josefina Alfonsín y Verónica Manquel, y actuó como secretaria Lucía Gallagher.

En la jornada, que se extendió hasta pasadas las 21, los miembros de la comitiva se entrevistaron con una interna que el pasado viernes había intentado suicidarse colgándose en uno de los baños con una sábana; asistida por una de sus compañeras de pabellón, salvó su vida luego de estar dos días internada en un hospital extramuros. La interna fue finalmente trasladada al sector de mujeres del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA).

Con especial interés en aspectos asistenciales vinculados a las problemáticas propias del género femenino, la comitiva también visitó distintos sectores del complejo en los que advirtieron y efectuaron los correspondientes reclamos.

Las observaciones se refirieron principalmente a la atención médica con especial consideración de la cuestión de género y en este sentido se reclamó la puesta en práctica de programas destinados a la efectiva realización de exámenes ginecológicos preventivos –tales como mamografías, papanicolau y ecografías- y de prevención de enfermedades infectocontagiosas de todas las mujeres alojadas en el complejo, salvo que no presten su consentimiento debidamente informado.

Por otra parte se requirió la más pronta instalación de un aparato desfibrilador para urgencias cardíacas.

Debe destacarse que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, el director nacional y la directora de la Unidad visitada, manifestaron que aceptaban el señalamiento y se comprometieron a que las mujeres privadas de su libertad tuvieran acceso a los programas de salud propios del género.
El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles tiene como objetivo central la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y conforme a este principio ha recorrido los lugares de detención de personas a disposición de la justicia federal en todo el país.

Informe: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal
Fuente: Centro de Información Judicial

martes, 2 de junio de 2015

Ministros de Salud de todo el país se suman a la campaña #NiUnaMenos contra el femicidio

En una declaración, instaron a profundizar las condiciones de equidad y ratificaron el compromiso de intensificar las acciones para que todas las mujeres “accedan al ejercicio de una vida plena y saludable como un derecho sin restricciones”. 

El ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, y sus pares de todas las provincias firmaron hoy una declaración conjunta de adhesión a la campaña "#NiUnaMenos" que lleva adelante un grupo de organizaciones sociales contra el femicidio y que incluye una movilización popular hacia el Congreso Nacional el próximo 3 de junio.

Los ministros participaron de una producción fotográfica de apoyo a la movilización que se llevará a cabo ante el Congreso y en otros puntos del país para reclamar que cesen los asesinatos de mujeres por cuestiones de género.

"Convencidos de que el femicidio constituye una problemática social con fuerte impacto sobre la salud pública, como máximo órgano sanitario de la Nación nos pronunciamos a favor de profundizar las condiciones de equidad, y en el marco de las políticas sanitarias vigentes, intensificar las acciones para que todas las mujeres accedan al ejercicio de una vida plena y saludable como un derecho sin restricciones en cada ciclo de sus vidas", subrayaron en una declaración suscrita durante la reunión del Consejo Federal de Salud que delibera hasta mañana en un hotel de las afueras de Buenos Aires.

"Coincidimos en la necesidad de profundizar las políticas para la prevención de la violencia de género desde una mirada integral, ya que el femicidio constituye la expresión final de una cadena de vulneraciones de derechos en los que la salud física, psíquica y social de las mujeres se ve agraviada", puntualizaron.

En este sentido, los ministros se comprometieron a "profundizar la visibilización del femicidio, en tanto indicador de la violencia como problema de salud pública que debe ser abordado por el Estado y la sociedad en su conjunto, pues solo con el compromiso de todos podremos avanzar en la búsqueda de soluciones que garanticen los derechos humanos universales"

Asimismo, acordaron "promover la difusión de la amplia red de servicios y dispositivos de acompañamiento y tratamiento con que cuenta el Estado en sus tres niveles, articulando las acciones de las diferentes áreas de gobierno dedicadas a la temática y en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil".

Los ministros expresaron la aspiración a que "los integrantes de los equipos de salud que se desempeñan en cada uno de los niveles de atención y en los tres subsectores favorezcan la prevención, contención y derivación pertinente a partir de abordajes integrales que pongan en evidencia las diferentes situaciones de violencia que padecen las mujeres"

La declaración reafirma "las políticas impulsadas en los últimos años para garantizar a todas las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos en relación con su salud" y reivindica "las estrategias de incorporación de la perspectiva de género dentro del trabajo cotidiano de los integrantes de los equipos de salud".

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

lunes, 11 de mayo de 2015

Buena iniciativa para pacientes oncológicas

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la ONG Lanitas de luz han llevado a la práctica en nosocomios marplatenses la iniciativa de proveer de pelucas a pacientes que padecen de males oncológicos. Es sabido que, en el curso del tratamiento quimioterápico que se emplea, se produce la caída del cabello y, consecuentemente, las pacientes sufren un perjuicio social que se suma a los severos padecimientos que experimentan. Esa situación afecta sobre todo a quienes carecen de suficientes recursos para adquirir una peluca y no están asociadas a ninguna obra social.

La posibilidad de llevar adelante el proyecto convoca la colaboración de las peluquerías de la ciudad a fin de contar con la cuota de cabellos necesarios de longitud no menor a los 25 centímetros para confeccionar cada peluca. Este medio sirve para elevar el ánimo de las pacientes y "dar batalla a la enfermedad", según dijo el ministro de Salud provincial, doctor Alejandro Collia.

Existe la fundada expectativa de que la iniciativa se reitere en otros centros de salud bonaerenses. Los hospitales de Berazategui y Olavarría demuestran que la propuesta cunde, ya que en esos organismos funcionan bancos de pelucas al servicio de las pacientes a quienes, además, se les brinda un curso de maquillaje. Por otra parte, en esos espacios hospitalarios se da ocasión de relación e intercambio verbal entre las enfermas, circunstancia que sirve de apoyo afectivo.

Según explicó la directora del Instituto Provincial del Cáncer, doctora Alejandra Fontao, una paciente puede perder el cabello en 14 días, como promedio. En ese tramo, el tratamiento y el proceso del mal se tornan especialmente agresivos y ello incide en el estado afectivo de las personas. Esta observación destaca el mérito de una iniciativa que provee de un medio que disminuye, por lo menos, problemas de relación humana.

Fuente: La Nación

viernes, 6 de febrero de 2015

Colombia, único país latinoamericano donde se da la ablación genital

Colombia es el único país latinoamericano donde se da la mutilación genital femenina, algo desconocido hasta hace poco incluso para muchos varones del pueblo indígena embera, cuyas mujeres realizan esa práctica en un ámbito privado y casi secreto.

Al cumplirse hoy el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llamó la atención sobre la necesidad de que se dediquen mayores esfuerzos a erradicar unas prácticas que violan los derechos humanos, afectan la salud y ponen en riesgo la vida de unos tres millones de niñas todos los años en el mundo.

Precisamente la muerte de dos niñas indígenas por infecciones derivadas de una mutilación genital en 2007 fue lo que sacó a la luz la práctica de extraer el clítoris a las recién nacidas que se ha mantenido entre los embera, el tercer pueblo indígena más grande de Colombia, con 250.000 miembros repartidos en una área muy extensa.

Lucy Wartenberg, representante adjunta del UNFPA en Colombia, señaló a Efe que este país es el único de América Latina del que hay evidencia de que existen practicas similares a las de Oriente Medio y África, aunque recientemente han tenido información, aun sin confirmar, de que también se dan entre los embera de Panamá.

También tienen información de que hay casos de mutilación genital femenina en comunidades de afrodescendientes de la zona del Pacífico, en el oeste de Colombia.

Se desconoce cuándo se empezó a mutilar a las niñas embera y si es una práctica propia de ese pueblo o si la "aprendieron" de los africanos llegados a América como esclavos.

Wartenberg dice que en cualquier caso los embera la consideran parte de su cultura, aunque es "un tema privado que no se ventila".

"Lo hacen con la convicción de que ayuda a que las mujeres sean más fieles a su marido. Dicen que no quieren que las mujeres sean 'saltonas', de hombre en hombre", señala Wartenberg.

Es algo entre la partera y la madre, de lo que los padres de las niñas y los hombres en general no se suelen enterar, algo que confirma el dirigente embera Alberto Wuazorna, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En declaraciones a Efe, Wuazorna indicó que él no supo de esa práctica hasta la muerte de las niñas en la localidad de Pueblo Rico, en Risaralda (centro-oeste del país).

Hoy está comprometido con la erradicación, aunque advierte de que es algo que puede llevar 10 o 15 años, pues se trata de acabar con un práctica "de siglos" y hay que hacerlo a través de la educación y la concienciación y no mediante leyes que impongan penas de cárcel a las parteras, como defienden algunos congresistas.

Wuarzona responde con un rotundo "claro" cuando se le pregunta si todavía hay niñas embera a las que se les extirpa el clítoris. La erradicación va a llevar tiempo, "estamos preparándonos para hacer un cambio cultural", advierte.

Y se le nota disgustado porque cuando se supo del caso de las niñas, algunas organizaciones les acusaron de "salvajes", dice.

"Nosotros respondemos al país y el mundo que los embera somos los primeros defensores de la vida humana y de no ir contra el derecho", subraya, al tiempo que reclama fondos para hacer las campañas educativas necesarias para lograr la erradicación de esa práctica.

Desde 2007, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las instancias competentes del Estado colombiano y el apoyo del UNFPA, ha venido trabajando en conjunto con las autoridades embera, sus mujeres y sus parteras en el departamento de Risaralda,

Esta labor llevó a que en 2012 las autoridades embera de ese departamento declararan públicamente la suspensión de este tipo de prácticas y se comprometieran también a formar a las mujeres para que conozcan sus derechos y los de sus hijas y a las parteras para que renuncien a realizar la práctica, además de fortalecer la medicina tradicional y apoyar el liderazgo femenino.

Pero el UNFPA defiende que hay que hacer algo para que esa decisión se extienda a todas las comunidades embera del país y son necesarios mayores recursos para fortalecer este compromiso.

Según el UNFPA, más de 130 millones de niñas y mujeres de los 29 países de África y Oriente Medio han experimentado alguna forma de mutilación en sus genitales, una práctica que acarrea complicaciones urinarias, menstruales y obstétricas y puede conducir a la muerte.

Fuente: El Colombiano

jueves, 22 de enero de 2015

Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana


A pesar del progreso alcanzado, la sociedad sigue fallando a las mujeres en los momentos clave de la vida. 

Aun cuando se han realizado algunos progresos, las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos clave de su vida, particularmente en la adolescencia y la vejez. Estas son las conclusiones del informe publicado por la OMS Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana.

La OMS exhorta a actuar más allá del sector sanitario para mejorar la salud de las mujeres y las niñas en todas las etapas de su vida.

El informe proporciona, además, los datos más recientes y completos disponibles hasta la fecha sobre las necesidades específicas de las mujeres y los problemas de salud que enfrentan desde el nacimiento hasta la edad avanzada.

jueves, 4 de septiembre de 2014

Nueva normativa provincial sobre salud en Chaco y Misiones

Ley 7.433 - Provincia de Chaco
Salud pública. Creación del Programa Provincial de Producción Pública de Medicamentos

Sancionada el 16 de Julio de 2014
Boletín oficial, 15 de Agosto de 2014

Síntesis: abastecimiento de la demanda del sistema de salud. Elaboración de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos. Se crea el Programa Provincial de Producción Pública de Medicamentos.


Ley X.VII. 83 - Misiones
Leche materna humana. Se crean Bancos de Leche Materna Humana. Adhesión provincial a la ley nacional 26.873.

Sancionada el 4 de Agosto de 2014
Boletín oficial, 1 de Septiembre de 2014

Síntesis: se crean Bancos de Leche Materna Humana. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna con la finalidad de reducir la morbimortalidad. Beneficios. Efectos de la ley. Prohibición de su comercialización. Adhesión provincial a la ley nacional 26.873.

miércoles, 2 de julio de 2014

La iglesia pide derogar la norma de aborto terapéutico en Perú

Luego de 90 años, el Estado aprobó un protocolo para el procedimiento cuando la vida de la madre peligra, pero los jerarcas católicos la rechazan.

Mientras este martes en Ginebra el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación de la mujer (CEDAW, sigla en inglés) saludó al Estado peruano por la reciente aprobación —el último sábado — del protocolo para el aborto terapéutico, continúan las críticas del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, quien pide la derogatoria de dicha norma, y de la Conferencia Episcopal que sostiene que la norma “abre las puertas al aborto por primera vez en la historia del Perú”.

En Perú, el Código Penal de 1924 autoriza el aborto terapéutico, es decir, la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre o para evitar un mal grave y permanente. Sin embargo, ante la falta de un protocolo que estandarice el procedimiento, en algunos establecimientos esta opción era denegada por temor a posibles incriminaciones, dada la falta de un procedimiento regulado por el ministerio de Salud. De más de 100 hospitales, solo 15 tenían su propio protocolo, precisó la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, a la prensa.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2012, el aborto es la tercera causa de muerte materna en Perú, con un 17% de los casos: 93 mujeres fallecen por cada 100.000 nacidos vivos. Un reporte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) indicó en 2008 que cada año se realizan 400.000 abortos, la mayoría clandestinos.

Aunque durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, en 2005 el ministerio de Salud ya había elaborado una guía para el aborto terapéutico, el entonces primer ministro, el médico Luis Solari, impidió su aprobación. Solari es un portavoz de los católicos más conservadores en Perú y también ha condenado en estos días el protocolo.

En abril de 2013, el Ministerio de Justicia preparó un informe legal sobre el protocolo de aborto terapéutico y afirmó que su aprobación “no solo resulta constitucionalmente permitida, sino constitucionalmente obligatoria”. Las organizaciones feministas y las ONG de salud reproductiva protestaron desde entonces porque interpretaban que la demora en la aprobación del protocolo se debía a motivos políticos.

Cipriani calificó este martes la norma como “una guía para eliminar la vida de una criatura”, en declaraciones a una radio local. El protocolo incluye diez diagnósticos precisos en los que una junta médica puede evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Además agrega la siguiente posibilidad: “cualquier otra enfermedad materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. Para el arzobispo y la Conferencia Episcopal es esa la ventana abierta al aborto.

El sábado, cuando la norma fue publicada en el diario oficial, Cipriani criticó la decisión del Gobierno y reclamó al presidente Ollanta Humala el no haber cumplido con su palabra, pues en 2011, cuando el militar en retiro era candidato presidencial, sostuvieron una reunión en privado, de la cual él y su esposa salieron con un rosario de regalo.

“La conversación había tratado el tema del aborto, del matrimonio de los homosexuales y de la educación católica. En esos tres casos me dijo: ‘Mi gobierno no tiene esto’. La palabra se cumple. Había un compromiso de no ir adelante en ningún aspecto que era promover el aborto”, reclamó el jerarca católico.

La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, se ofreció a dialogar con el arzobispo de Lima para limar asperezas, pero este martes Cipriani rechazó la propuesta y dijo que espera abordar el asunto con el primer ministro, René Cornejo. El aludido, consultado por la prensa, se limitó a responder que tomaba nota de las palabras del cardenal.

Cipriani ha propuesto que el primer ministro convoque a una “reunión por la salud al más alto nivel” para abordar este tema con la participación de universidades y la Academia Peruana de Medicina. Cree además que las juntas médicas se dejarán sobornar para dar su opinión favorable a cualquier aborto.

En la misma línea, la Conferencia Episcopal divulgó el martes un comunicado en el que rechaza el protocolo del aborto terapéutico por “inmoral, inconstitucional e ilegal”.


Dos mujeres a quienes el Estado peruano impidió el aborto terapéutico han acudido a instancias de Naciones Unidas para exigir sanción. En 2001, una adolescente de 17 años gestó un feto anencefálico y un hospital público le negó la interrupción del embarazo pese a que su médico lo recomendó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dispuso que el Estado la indemnizara. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU emitió en 2011 un dictamen contra Perú debido a que, en 2007 a una niña de 13 años se le negó el aborto terapéutico pese a que tenía riesgo de discapacidad permanente luego de intentar suicidarse al saberse embarazada debido a sucesivas violaciones sexuales. Han pasado siete años y la joven LC sigue exigiendo al Gobierno el pago de la reparación debido a sus fuertes gastos en medicinas, transporte y tratamiento.

Fuente: El País

martes, 1 de julio de 2014

Chubut adhiere a las leyes nacionales N° 26.872 y 26.873

Ley N° 525

Promoción y Concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos (2) años. Adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.873. Autoridad de aplicación.


Ley N° 526

Cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria y la provisión de prótesis necesarias. Adhesión a la ley Nacional 26.872. Autoridad de aplicación


martes, 10 de junio de 2014

Resolución 809/14 MSAL: Pautas para Centros de Lactancia Materna en Establecimientos Asistenciales

Resolución 809/14 - Ministerio de Salud de la Nación

Título: Pautas para Centros de Lactancia Materna en Establecimientos Asistenciales. Aprobación.

Fecha B.O.: 10-jun-2014

Texto de la norma:

VISTO el Expediente Nº 2002-20471/12-5 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que las políticas de salud tienen por objeto primero y prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes de la Nación a los Servicios de Salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean estos de carácter público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.

Que en el marco de las políticas del MINISTERIO DE SALUD se desarrolla el PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA, en el cual se agrupan un conjunto de acciones destinadas a asegurar la calidad de las prestaciones en dichos servicios.

Que entre dichas acciones se encuentran la elaboración de guías de diagnóstico, tratamiento y procedimiento de patologías y Directrices de organización y funcionamiento de los Servicios de Salud.

Que las citadas guías y Directrices se elaboran con la participación de entidades Académicas, Universitarias y Científicas de profesionales asegurando de esa forma la participación de todas las áreas involucradas en el Sector Salud.

Que las presentes PAUTAS PARA CENTROS DE LACTANCIA MATERNA EN ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES han sido elaborados por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT INAL), DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA, HOSPITAL DE PEDIATRIA PROF. JUAN P. GARRAHAN, SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA (SAP), FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES, SANATORIO DE LA TRINIDAD PALERMO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDÁ, y CONCRETAR SALUD en el marco de un CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD.

Que estas PAUTAS PARA CENTROS DE LACTANCIA MATERNA EN ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES tienen carácter orientativo para la mejora continua de la calidad, y no obligatorio, proponiendo buenas prácticas basadas en un amplio consenso de expertos en la temática.

Que la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA, dependiente de la SECRETARIA DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS, la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION, coordinadora general del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA, Y LA SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS han tomado la intervención de su competencia y avalan su incorporación al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la "Ley de Ministerio T.O. 1992", modificada por Ley Nº 26.338  .

Por ello,

EL MINISTRO

DE SALUD

RESUELVE: