Crítica de la Iglesia al nuevo protocolo del aborto no punible

Comunicado de la Conferencia Episcopal. El Ministerio de Salud había actualizado la semana pasada la guía para lograr su aplicación en todo el país. 

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el protocolo de atención de los abortos que son legales, en el que se especifica que es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas. Es que si bien ya existe una guía similar, lo concreto es que no se aplica. De hecho hay un fallo de la Corte Suprema de 2012 que exige su cumplimiento, pero pasaron tres años y sólo ocho de las 25 jurisdicciones del país lo hacen. Ayer, la Iglesia cuestionó duramente el nuevo protocolo.

El texto habla del “derecho” a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una manera más amable de referirse al “aborto no punible”. Y se refiere a las mujeres y a las personas trans. “Toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa”, cuando el embarazo representa un peligro para su salud y su vida o si proviene de una violación.

“Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto”, dice el mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que preside el arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo.

El protocolo plantea que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”. Y este es otro de los puntos cuestionados por la Iglesia: “En cuanto a la objeción de conciencia individual, el Protocolo la niega en la práctica cuando obliga a los médicos objetores a practicar un aborto cuando no esté disponible ningún otro profesional dispuesto a eliminar dicha vida”.

Pero el nuevo protocolo da razones médicas: “La interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. En los países donde el aborto está permitido por ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0 muertes por cada 100 mil abortos”.

En Argentina hay 500 mil abortos clandestinos por año, que terminan con 80.000 internaciones derivadas de las malas prácticas y 100 mujeres muertas. El nuevo protocolo busca mejorar la situación, pero sorpresivamente Adriana Álvarez, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual, debió dejar su puesto esta semana, aunque seguirá en el ministerio. Está claro que es un tema espinoso. En marzo, al asumir como ministro de Salud, Daniel Gollan dijo que propiciaría un “debate maduro” sobre el aborto, pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió rápidamente al cruce y subrayó que no estaba “en la agenda tratar el tema”.

Fuente: Clarín