La decisión del Tribunal Supremo de Filipinas de confirmar
la constitucionalidad de una emblemática ley sobre salud reproductiva es una
importante victoria para millones de mujeres y niñas filipinas.

“La sentencia del Tribunal Supremo es una victoria de
la independencia del poder judicial y hace que millones de mujeres y niñas
tengan derecho a acceder a los servicios médicos y a la información que
necesitan”, ha afirmado Hazel Galang-Folli, investigadora sobre Filipinas de
Amnistía Internacional.
“Las autoridades filipinas deben resistirse a todos los
esfuerzos en marcha para revocar la emblemática ley del país sobre derechos
sexuales y reproductivos. Ceder a la presión significaría negar a las mujeres y
niñas sus derechos humanos”.
Sin embargo, ha habido algunas decepcionantes concesiones,
algunas de las cuales son incompatibles con las obligaciones internacionales
del Estado en materia de derechos humanos. El tribunal consideró
inconstitucionales un total de ocho disposiciones, algunas de las cuales eran
clave, pues habrían prohibido que los profesionales de la salud se negasen a
proporcionar servicios de salud reproductiva y exigido a todos los centros de
salud privados que proporcionaran métodos de planificación familiar.
En un país donde el 80 por ciento de la población es
católica, las encuestas han mostrado que el 72 por ciento de los filipinos
apoya la ley.
“Aunque la ley no es perfecta, sienta las bases para
eliminar algunas de las barreras existentes en la protección del derecho humano
de las mujeres y niñas a la atención sanitaria sexual, reproductiva y materna.
El desafío ahora será garantizar que la ley se aplica debidamente y que se
dedican recursos suficientes para hacerla efectiva”, añadió Hazel Galang-Folli.
Información complementaria
Entre los cambios más destacables introducidos a la ley
figuran el rechazo del artículo 23, que habría prohibido que los profesionales
de la salud se negasen a prestar servicios de salud reproductiva y a remitir a
las interesadas a otros profesionales que los prestasen. El artículo 23 también
habría permitido que las personas casadas se beneficiaran de procedimientos de
salud reproductiva sin el consentimiento del cónyuge.
La sentencia también declaró inconstitucional el artículo 7,
que habría exigido que los centros de salud privados, incluidos los que son
propiedad de grupos religiosos, facilitaran métodos de planificación familiar,
incluidos consultas médicas, material y procedimientos. Esta disposición
también habría permitido que las menores de 18 años que ya tuvieran hijos o que
hubieran sufrido un aborto espontáneo accedieran a métodos modernos de
planificación familiar, incluidos anticonceptivos, sin necesidad de una
autorización escrita de sus padres.
La anulación de estas disposiciones de la ley hace que
algunas mujeres y adolescentes corran el riesgo de no acceder a los servicios
que necesiten y a los que legalmente tienen derecho. El Estado debe, como
mínimo, cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
y garantizar que existen proveedores dispuestos a prestar estos servicios y que
puedan prestarlos, y que las autorizaciones del cónyuge y de los padres no
obstaculicen el acceso de las mujeres y adolescentes a los servicios de salud
sexual y reproductiva.
Además de permitir que los centros de salud públicos
distribuyan anticonceptivos, la ley también introducirá la educación en salud
reproductiva en las escuelas del país en un momento en que la tasa de
nacimientos en Filipinas está en torno a 25 por 1.000 personas, una de las más
altas de Asia. Filipinas debe garantizar que la educación en salud reproductiva
es compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, que incluyen garantizar que la educación en salud reproductiva es
correcta y completa, y promueve la igualdad de género.
Fuente: Amnistía Internacional
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