Preocupa el aumento de amparos que obligan a cubrir medicamentos experimentales y costosos

Son tratamientos sin consenso médico, que se utilizan en otros países y que por vía de un amparo judicial llegan a los pacientes argentinos. Especialistas dicen que en muchos casos no lograr revertir el cuadro original, y generan un gasto innecesario. Piden que los jueces conozcan más sobre la realidad del sector farmacéutico. Lo mismo sucede con las mentadas terapias con células madre, que el senado quiere controlar a través de una ley marco.

En uno de los últimos encuentros del Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (COSSPRA), que reúne a las entidades públicas de asistencia de todo el país, funcionarios y especialistas se quejaron de la “judicialización de la salud”, por la cual a través de recursos de amparos se obliga a cubrir medicamentos y tratamientos experimentales de alto costo y que no aseguran la efectividad ni la seguridad del paciente. La advertencia es parte de una preocupación de un sector de la salud, que ve como jueces autorizan la compra de fármacos que no siempre son seguros ni garantizan ser efectivos, y que crean falsas expectativas en los pacientes. Algo similar ocurre con las terapias con células madres, un peligros boom que podría ser regulado por ley en el país.

El mecanismo funciona de forma aceitada. Un paciente diagnosticado con una enfermedad compleja recibe información (de un médico o por Internet) de un tratamiento experimental que se hace en Estados Unidos o China. Como la autoridad sanitaria no lo autoriza por su carácter de experimental, su obra social o prepaga no lo cubre. Pero antepone un recurso de amparo, un juez falla a favor y debe recibir el fármaco o tratamiento.

Los especialistas dicen que este proceso es complejo, ya que no garantiza la efectividad ni la cura del paciente, y eleva considerablemente los costos para las entidades médicas. En algunos casos, estos fármacos tienen un costo mensual de 50 mil pesos, y deben aplicarse por seis u ocho meses. Si bien se admite que su resultado “es potencialmente un poco mejor que una combinación de fármacos existentes en la Argentina”, el costo del tratamiento local es del 10 por ciento, una ecuación que termina lesionado al sistema de atención.

En una nota publicada en el diario BAE, en casos muchos los casos “donde las obras sociales se ven obligadas a cumplir requerimientos que demandan costos de financiación muy altos para la entidad y que no siempre son para una mejora concreta”, y advierte sobre una Justicia que “imparte sentencias sobre temas que no siempre conoce en profundidad”.

“Ninguna entidad de seguridad social se niega a brindar lo mejor para que un trabajador esté sano; pero éstas no son financiadoras de la utilización de nuevas tecnologías para experimentar cómo es ‘esto nuevo’ que el mundo científico ha desarrollado”, destaca la nota publicada en el matutino porteño.

La preocupación por esta judicialización de la salud llegó a los ámbitos oficiales. En una editorial publicada por el sitio del COSSPRA, Antonio La Scaleia –titular de la entidad y del IOMA –precisó que los “motivos reiterados en muchos amparos son el aumento de cobertura del 100 por ciento de medicamentos o prácticas que tienen copagos, marcas comerciales de medicamentos o prótesis, prácticas fuera del plan de cobertura, de normativas, o que nunca fueron solicitadas a la obra social, medicamentos de venta libre que no respetan consensos nacionales e internacionales”.

Los datos son concretos: en el período abril 2010-2011, hubo un total de 469 amparos, un 37 por ciento por medicamentos. Además, se pidieron amparos por fertilización (16 por ciento), prótesis (8), cirugía (9), escuelas especiales (9), internación domiciliaria (5), terapias (5), acompañamiento terapéutico (4), transporte (4)y centro de día (3).

La Scaleia planteó algunas reflexiones ante la calificada audiencia. “¿Las decisiones judiciales, en este tipo de intervención, podrían generar una co-administración de los recursos? ¿El reclamo sin límite o aquel que se contrapone con la evidencia científica y con las normas académicas o consensos, nacionales e internacionales, debería ser otorgado a través de una medida judicial?”.

Células madre

Algo similar a lo que sucede con los medicamentos pasa con las terapias con células madre, un boom que lleva a muchos pacientes con enfermedades terminales a juntar sumar millonarias para viajar al exterior a realizar tratamientos que en la mayoría de los casos no están probados y son potencialmente peligrosos. Para evitar cualquier tipo de abuso, en el país se estudia una ley para regular esta actividad. Por eso, esta semana hubo una reunión en el Senado, donde especialistas aseguraron que esas terapias “pueden producir no sólo desilusión y pérdidas económicas sino también agravamientos de los cuadros”.

“En general, estas ofertas de tratamientos se dirigen a enfermedades incurables, altamente incapacitantes”, explicó en la audiencia en la cámara alta Fernando Pitossi, director del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir e investigador del CONICET. “La razón es simple: los pacientes o sus familiares son altamente vulnerables a la promesa de cura o de mejora de la calidad de vida”.

Los riesgos de participar de un tratamiento no aprobado experimental con células madre no solo se limitan a las pérdidas económicas y a la desilusión ante la falta de respuestas clínicas: también pueden agravar la enfermedad del paciente. En febrero de 2009, por ejemplo, la revista PLoS Medicine reportó el caso de un niño con una enfermedad neurológica (ataxia telagiectasia) al que trataron con células madre fetales; al término de la terapia, el paciente no sólo no se curó, sino que además contrajo dos tumores cerebrales.

Muchos de esos tratamientos son muy costosos y no tienen ningún tipo de control o seguimiento por parte de la autoridad sanitaria competente, indicó la doctora Fabiana Arzuaga, coordinadora de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

“Estas terapias, que se ofrecen en China y otras partes del mundo, son financiadas en muchas casos por colectas ciudadanas, recursos privados o por vía de recursos de amparo para que el sistema de salud (público o privado) solvente su realización”, destacó.

La investigación en células madre ha registrado un fuerte avance en los últimos años. Los científicos visualizan la posibilidad de emplearlas para reconstruir tejidos y órganos dañados por diferentes enfermedades, como Parkinson, diabetes o afecciones cardiovasculares. Sin embargo, es necesario mucho esfuerzo en investigación hasta poder establecer nuevos tratamientos seguros y eficaces, afirmó Pitossi, quien también es director ejecutivo de la Plataforma de Células Madre Reprogramadas Humanas (PLACEMA).

Pitossi y Arzuaga participaron de un seminario internacional realizado en un anexo del Senado con el objeto de abonar el terreno para el diseño de una ley nacional que unifique y armonice la investigación y terapias con células, garantizando su seguridad y eficacia. “Es clara y muy comprensible la urgencia de los pacientes y sus familias en probar cualquier intervención que tenga visos de mejorar, aunque sea, la calidad de vida de uno mismo o del ser querido. Sin embargo, hay que crear conciencia que probar tratamientos no autorizados tiene riesgos y pueden provocar problemas físicos, emocionales y económicos”, concluyó Pitossi.

Ante esto, los especialistas coinciden en que es necesario crear un puente entre la ciencia y la Justicia para que ésta pueda conocer la problemática de un lado y del otro. Saber al menos cuándo se trata de un negocio y cuándo se trata realmente de la salud y la vida de una persona. “En esto tiempos donde se busca mejorar la calidad institucional y el buen funcionamiento judicial al servicio de los ciudadanos, es imperioso también desarticular esos intereses que sólo buscan beneficios económicos y enfrentan a los jueces con los financiadores de la salud, especulando con el derecho, de todo trabajador, a acceder a una prestación médica digna”, finalizó la nota de BAE.  

Fuente: Mirada Profesional Farmacéutica